REPORTAJE DE LA PRENSA

Los esfuerzos por dotar al país de una ley actualizada conceptualmente y que se demuestre integral con otras disposiciones legales para ser aplicada con eficacia contra la trata y el tráfico de personas en el país, resultan plausibles y alentadores, especialmente si se considera que hasta principios del año 2006 se carecía de una normativa específica que regule y controle este problema. Conviene tener presente que la trata y tráfico de personas en Bolivia se ha incrementado de manera peligrosa y preocupante en un 92 por ciento en los últimos diez años, donde las víctimas son preferentemente niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 12 a 22 años de edad.

Sin duda, el problema de fondo sigue siendo la pobreza, con sus facetas más visibles como la inequidad, la discriminación y la injusticia social. Es sabido también que la falta de instrucción escolar predispone a las potenciales víctimas a mayores riesgos. Desde esta perspectiva, la disponibilidad de normativas legales modernas debe estar acompañada de políticas claras, decididas y amplias para combatir la pobreza de la población. En el caso de Bolivia, esta tarea no termina de encararse con la premura que se necesita. Con seguridad que en la medida que se combata la pobreza de la mayoría de la población, será más factible luchar contra el tráfico y la trata de personas en el país.